El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha invalidado el concierto que el artista venezolano Carlos Baute ofreció el 25 de febrero de 2023 en el Parque Santa Catalina durante el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La resolución, firme pero susceptible de recurso, determina que el evento violó expresamente el convenio de 2015 entre el Consistorio y la comunidad de vecinos Simón Bolívar, que limitaba las actividades nocturnas en la zona.
Advertencias ignoradas
Yomara García, letrada representante de los residentes, reveló que se alertó repetidamente a las autoridades municipales sobre la ilegalidad del acto: “Cuando exigimos por escrito a la concejala de Carnaval y a la Sociedad de Promoción que cancelaran el concierto, omitieron nuestra advertencia basada en el acuerdo vigente”, declaró a medios locales. La sentencia respalda ahora esta postura, confirmando que el Ayuntamiento actuó al margen de los compromisos adquiridos.
Consecuencias económicas para el Consistorio
El fallo judicial impone al Ayuntamiento:
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El pago de 1.500 euros en costas procesales de primera instancia.
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La devolución de 2.010 euros por gastos de peritajes acústicos realizados por los vecinos.
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Las costas generadas en la apelación ante el TSJC.
García precisó que, aunque los residentes no han reclamado aún indemnización por daños, conservan el derecho a iniciar ese trámite.
Los términos incumplidos
El pacto de 2015, homologado judicialmente, autorizaba exclusivamente:
✅ Las galas tradicionales (Reina y Drag Queen).
✅ Actos artísticos vinculados directamente al programa oficial.
Prohibía expresamente:
❌ Conciertos independientes como el de Baute.
❌ “Mogollones” o fiestas masivas.
Además, exigía la entrega anticipada del cronograma completo de eventos, otro requisito incumplido según la abogada.
Un precedente para futuras ediciones
La sentencia sienta un criterio claro para la organización de los próximos Carnavales, reforzando que:
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Los acuerdos vecinales tienen carácter vinculante.
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El Ayuntamiento no puede modificar unilateralmente lo pactado.
Mientras el gobierno municipal evalúa un posible recurso, la comunidad celebra el fallo como una victoria en su lucha por equilibrar la fiesta y la convivencia. “No estamos contra el Carnaval, sino contra su expansión indiscriminada”, subrayó García, recordando que los residentes siempre han apoyado los actos tradicionales.
¿Cambiará esta decisión el modelo festivo en Santa Catalina? La respuesta dependerá de si las instituciones optan por el diálogo o la confrontación legal.