Desde que en 1976 las mascaritas recuperaron las calles tras la dictadura, la fiesta grande de la capital grancanaria ha vagado de un emplazamiento a otro. A la inercia de un crecimiento desbordado se han sumado décadas de conflictos vecinales y resoluciones judiciales que, poco a poco, han ido acotando los espacios disponibles. Con la sentencia conocida esta semana, ya son tres las zonas vetadas para las carnestolendas.
La historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en democracia es también la historia de una búsqueda incesante de ubicación. Lo que comenzó como una explosión de libertad en 1976 se ha convertido, casi medio siglo después, en un rompecabezas urbanístico y legal que amenaza con estrangular a la fiesta más multitudinaria de la ciudad.
El primer gran frente judicial se abrió en 2002, cuando los residentes de Santa Catalina llevaron al Ayuntamiento a los tribunales. Por entonces, los tradicionales mogollones ya venían perdiendo fuelle desde finales de los noventa, desplazados por la irrupción de bandas juveniles que acudían a la zona con ánimo de reyerta. Aquel primer litigio se resolvió con un traslado parcial: las verbenas se mudaron al intercambiador y los chiringuitos del Parque Blanco quedaron reducidos al mínimo. Pero la paz duró poco. Nuevos pleitos salpicaron las ediciones de 2006, 2011, 2012 y 2014, evidenciando que el conflicto de fondo seguía sin resolverse.
El punto más crítico de aquella etapa llegó en 2013, cuando el Consistorio intentó reubicar la fiesta en la plaza de la Música. La respuesta de los carnavaleros fue fulminante: bautizaron el recinto acotado como “Guantánamo” y el experimento resultó un fracaso. El regreso a Santa Catalina devolvió la calma aparente hasta 2015, cuando los vecinos obtuvieron una victoria definitiva: el Parque Blanco quedó vetado para siempre. A partir de entonces, las partes alcanzaron un acuerdo que permitió mantener los mogollones en el intercambiador, con los escenarios orientados hacia La Isleta para minimizar las molestias a las viviendas.
Ese equilibrio, fraguado a base de negociaciones anuales, se mantuvo hasta 2023. La pandemia truncó los acuerdos previos y el Ayuntamiento no logró recuperarlos. Ante la imposibilidad de seguir en el intercambiador, la organización optó por llevar los mogollones de nuevo a la denostada plaza de la Música.
El año 2024 trajo consigo un nuevo escenario. Con el cambio de dirección artística —Josué Quevedo relevó a Israel Reyes— y las obras de la Metroguagua que impedían usar Santa Catalina, los mogollones recalaron en La Isleta. Se habilitaron tres espacios: un escenario en la plaza Manuel Becerra, los chiringuitos en Los Patos y la feria en la plaza de La Luz. Fue precisamente esa distribución la que motivó una nueva denuncia vecinal. El juez acaba de dar la razón a los residentes, vetando estas tres ubicaciones a la espera del recurso que el Ayuntamiento ya ha anunciado.
Pero el cerco judicial no comenzó con La Isleta. Años antes, el Carnaval había intentado un revulsivo descentralizador con el Carnaval de Día en Vegueta. La iniciativa fue un éxito de participación, pero también generó rápidamente quejas vecinales. La edición de 2019 acabó en los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio la razón a los residentes al considerar que no existían medidas correctoras suficientes. La autovía del Guiniguada quedó así vetada para la fiesta.
A día de hoy, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria acumula tres zonas definitivamente prohibidas por mandato judicial: el Parque Blanco, Vegueta y, ahora, las tres plazas de La Isleta. Pero la lista podría crecer. Pende sobre la organización una nueva causa, esta vez relacionada con la edición de 2025. Si los vecinos vuelven a ganar, el Carnaval quedaría también vetado en el Refugio —donde se ha instalado la feria en los dos últimos años— y en el mercado del Puerto, que es a día de hoy el único punto del circuito actual que aún no ha sido alcanzado por una resolución judicial en contra.
La paradoja es evidente: una fiesta que nació al calor de la libertad recuperada ha ido viendo cómo sus espacios se cerraban uno tras otro, en un itinerario errante que mezcla ensayo y error, decisiones políticas controvertidas y una conflictividad vecinal que no cesa. Mientras el Ayuntamiento recurre las sentencias y los carnavaleros se movilizan para evitar nuevos vetos, la pregunta sobre dónde podrá celebrarse la fiesta en el futuro sigue más abierta que nunca.