El acuerdo original fue el desenlace de un litigio judicial iniciado en 1995 por los residentes del edificio Simón Bolívar, quienes, tras heredar la batalla legal de otros vecinos, obtuvieron sentencias favorables en múltiples instancias, incluido el Tribunal Supremo. La disputa llegó a su punto crítico en 2006 con el precinto de los ventorrillos y forzó en 2012 el traslado temporal de los mogollones a la zona de El Rincón, una experiencia considerada fallida.
En 2014, el Consistorio revocó su propia decisión y devolvió los actos al parque, lo que generó un nuevo recurso vecinal. La victoria judicial de los residentes en 2015 condujo a una negociación que culminó en un pacto refrendado judicialmente. Este establece, entre otras restricciones, la prohibición de mogollones y conciertos en Santa Catalina —salvo los que siguen a las galas de Reina y Drag, con final antes de la medianoche—, un límite de 60 decibelios en la fachada del inmueble y la imposibilidad de celebrar conciertos en la trasera del parque y en el intercambiador.
Actualmente, una iniciativa ciudadana promovida por Yacorán Rodríguez, que ha reunido el apoyo de 3.700 personas, reclama una revisión de este marco al considerar que perjudica la esencia del Carnaval. “No queremos que unos pocos rompan lo que otros defendieron, incluso arriesgándose frente a la policía”, declaró Rodríguez.
La alcaldesa calificó la propuesta como “muy interesante”, señalando que se arrastran “las consecuencias de un acuerdo adoptado por un gobierno de signo político diferente”. Darias anunció que, una vez presentadas formalmente las firmas, se analizará la viabilidad jurídica de modificar el convenio, al que definió como “muy perjudicial para la ciudad”. Para la regidora, el Carnaval “representa a la ciudadanía, su historia y cinco décadas de vivencias compartidas, por lo que merece atención, cuidado, respeto y un impulso institucional”.
No obstante, los vecinos de la zona han mantenido una postura firme en defensa del acuerdo vigente, al considerar que cualquier flexibilización podría vulnerar sus derechos fundamentales a la tranquilidad del hogar, la salud y la intimidad.
Este no es el único frente abierto en torno al desarrollo de la fiesta. En Vegueta ya se logró prohibir el Carnaval de día por motivos similares, y en la zona portuaria existe un movimiento vecinal que busca alejar las celebraciones de sus viviendas.