Un fallo judicial considera que el actual concepto del Carnaval, ubicado en el corazón del barrio de La Isleta, vulnera derechos fundamentales y ordena su reubicación inmediata. La sentencia, que conlleva una millonaria sanción económica, insta al consistorio a buscar un enclave alternativo donde la convivencia vecinal no se vea alterada.
El proyecto de recuperación del Carnaval en las calles del entorno de Santa Catalina y Manuel Becerra ha recibido un duro revés judicial. Una sentencia de la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia número 5 ha declarado la incompatibilidad de la celebración en esta zona residencial, forzando al Ayuntamiento a replantearse por completo el futuro de sus fiestas. La resolución no solo tumba el itinerario festivo actual, sino que condena a la administración local a abonar 2.000 euros por día de celebración a cada uno de los vecinos denunciantes, una cantidad que ronda los 600.000 euros para los carnavales de 2024, más los intereses legales correspondientes.
El magistrado, en una argumentación contundente, desestima los intentos del consistorio por mantener la fiesta en el Puerto. La decisión judicial se fundamenta en la acreditada contaminación acústica, que atenta contra la dignidad, la intimidad, la salud y el derecho a un medio ambiente adecuado de los residentes. Se subraya que el ruido generado durante los festejos constituye una vulneración de sus derechos fundamentales, un hecho que el Ayuntamiento habría obviado sistemáticamente.
La sentencia reprocha al gobierno municipal su inacción y falta de previsión, recordando que ya en 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo señalaron la imposibilidad de compatibilizar un evento de masas con el uso residencial. “Han transcurrido más de dos décadas y se ha desarrollado normativa europea sobre ruido, pero la administración persiste en una organización que genera idénticos problemas de convivencia”, apunta el fallo, que urge a buscar soluciones definitivas.
El juez critica la estrategia del Ayuntamiento de ampararse en la popularidad y el impacto económico del Carnaval para justificar su ubicación. La entonces concejala del área, Inmaculada Medina, defendió en octubre de 2025 que la voluntad mayoritaria era mantener la fiesta en Santa Catalina. Sin embargo, la autoridad judicial replica que la democracia no puede imponer el sacrificio de los derechos de una minoría en aras del beneficio de la mayoría. “La toma de decisiones no puede guiarse exclusivamente por la presión popular, sino que debe garantizar el respeto a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos cuyos hogares se ven directamente afectados”, sentencia.
El fallo también desmonta las alegaciones municipales sobre las medidas de control acústico. Según la investigación judicial, los limitadores de sonido en los escenarios no estuvieron operativos hasta el 14 de febrero de 2024, prácticamente al término de las fiestas. Esta falta de control se puso de manifiesto con un incidente ocurrido el 18 de febrero, cuando una vecina de la zona de Manuel Becerra sufrió un ataque de ansiedad debido a la saturación acústica. Para el magistrado, es “sorprendente” que en pleno siglo XXI la administración cuestione los efectos nocivos de la exposición prolongada al ruido, evidenciando, a su juicio, un “desorden de prioridades”.
El estudio de impacto acústico presentado por el consistorio también es calificado de insuficiente y sus previsiones, “modestas” en comparación con las cifras de asistencia que la propia organización pregonó. En definitiva, la sentencia concluye que no existió un control efectivo durante la celebración.
Ante los argumentos del Ayuntamiento sobre la declaración de Interés Turístico Internacional o el beneficio económico, el juez es tajante: ningún valor comercial ni el ocio de la mayoría pueden justificar el quebranto de derechos fundamentales. La autoridad judicial insta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a aplicar una hoja de ruta que garantice un “Carnaval de todos y para todos”, y no una fiesta que se sostenga “a costa de unos pocos”. La pregunta que el fallo deja en el aire es la que ahora deberá responder el consistorio: si el Carnaval debe continuar, ¿dónde se ubicará para no repetir los mismos errores?