Los regidores de Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria discrepan de la iniciativa impulsada por los populares y plantean vías alternativas para salvaguardar estas fiestas
El pleno del Parlamento de Canarias acogerá este miércoles un debate en torno a la protección institucional de las carnestolendas del archipiélago. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) que insta a otorgar la distinción de Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Bien Inmaterial, a los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y a la celebración que tiene lugar en la capital palmera.
El anuncio lo realizó Carlos Ester, diputado autonómico y presidente de los populares grancanarios, quien defiende esta medida como un mecanismo para reforzar la protección institucional de unas festividades con honda raigambre en las Islas.
Sin embargo, la propuesta dista de concitar unanimidad. Tanto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), como la regidora de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE), han mostrado su disconformidad con el planteamiento del PP, aunque por motivos distintos.
Bermúdez apuesta por un modelo específico de salvaguarda
El primer edil santacrucero, que también ostenta su escaño en la Cámara autonómica, ha anunciado la presentación de una enmienda a la iniciativa. Según ha podido saber este periódico, el Partido Popular ya ha manifestado su disposición a aceptarla.
Bermúdez sostiene que «la mejor fórmula no pasa por su declaración como BIC, sino por una herramienta específica de salvaguarda del patrimonio inmaterial». En esta línea, recordó que el Consistorio que dirige aprobó por unanimidad la puesta en marcha de una Cátedra del Carnaval, con el objetivo de estudiar detenidamente cuál es el mecanismo jurídico y cultural más idóneo para garantizar su pervivencia.
El alcalde nacionalista subrayó que «en abril de 2024, el Grupo Nacionalista ya impulsó una iniciativa para proteger los elementos identitarios de nuestras fiestas más internacionales», evidenciando que la preocupación por la preservación de estas celebraciones viene de lejos.
El regidor se mostró contundente al valorar el contexto actual: «Jamás pensé que, tras más de 50 años de democracia, sería necesario acudir al Parlamento para proteger el Carnaval». Según su diagnóstico, la fiesta se enfrenta hoy no solo a críticas —que considera parte del debate normal en una sociedad democrática— sino también a «intentos organizados de limitarla y hacerla inviable».
Esta postura conecta con los argumentos que viene exponiendo Francisco Aznar, presidente del Cicop, quien sostiene que la figura del BIC «no resulta adecuada para manifestaciones populares dinámicas», cuya naturaleza mutable requiere un marco normativo más flexible.
Darias: «No imponer una única vía»
Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, también ha querido pronunciarse al respecto. La dirigente socialista enfatizó la relevancia de estas fiestas para la capital grancanaria: «Son una de las manifestaciones culturales y populares más importantes de la ciudad y por eso hay que cuidarlos, mimarlos y protegerlos, siempre pensando en su esencia, en su carácter vivo y en su capacidad de adaptación a los tiempos».
Darias aboga por un procedimiento más participativo y menos impositivo. «Deben ser los ayuntamientos concernidos, en coordinación con el Gobierno de Canarias, quienes busquen las fórmulas más adecuadas y flexibles para garantizar su conservación, su evolución y su sostenibilidad», aseveró, en clara referencia a que la decisión final no debería partir únicamente de una iniciativa parlamentaria sin el consenso previo de las corporaciones locales implicadas.
La regidora recordó que el Carnaval de su ciudad ya goza del reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial desde 2017, lo que, a su juicio, «supone un aval claro a su valor identitario, cultural y social». En consecuencia, considera que no se parte de una situación de desprotección absoluta, sino de «un reconocimiento que permite trabajar en su cuidado sin necesidad de recurrir a figuras que podrían condicionar su desarrollo futuro».
Para Darias, resulta imprescindible que cualquier paso que se dé en esta materia cuente con la participación activa de «los verdaderos protagonistas del Carnaval: los grupos, colectivos y personas que lo hacen posible cada año y que son su auténtica alma mater». Insiste en que son ellos quienes deben liderar el diálogo para decidir cómo cuidar y proteger una fiesta que define como «profundamente participativa».
El PSOE también enmienda la plana
La posición de la alcaldesa capitalina tiene su correlato en la Cámara autonómica. Patricia Hernández, concejala en Santa Cruz y diputada socialista, confirmó que su grupo también registrará una enmienda a la PNL popular. El objetivo, según explicó, es «proteger pero también avanzar y profundizar en ese patrimonio cultural».
Hernández puso de relieve la trayectoria de su partido en esta materia: «Llevamos años ya presentando iniciativas, todas aprobadas por unanimidad, para ampliar la protección y difusión de nuestro Carnaval como patrimonio cultural. Entre esas iniciativas se encuentra la cátedra aprobada desde 2020 en pleno».
La diputada socialista lanzó una reflexión en voz alta que condensa el sentir de quienes discrepan de la fórmula propuesta por el PP: «¿Es necesaria acciones para proteger nuestro carnaval? Sin ninguna duda, sí. ¿Hay que hacerlo de espaldas a los que hacen el Carnaval, incluyendo los ayuntamientos, artesanos, diseñadores, grupos del carnaval y sin consensuar la fórmula más adecuada para esa protección? Sin duda, no».
Un desenlace con matices insulares
La iniciativa del diputado popular por Gran Canaria, Carlos Ester, persigue, según fuentes consultadas, reforzar los argumentos institucionales de la fiesta de Las Palmas frente a los continuos procedimientos judiciales que la amenazan. De salir adelante con la enmienda planteada por Bermúdez —que el PP ya ha anunciado que aceptará—, el escenario final presentaría un curioso mapa: el Carnaval de Las Palmas y la fiesta de Los Indianos (en La Palma) se convertirían en BIC, mientras que el de Santa Cruz de Tenerife quedaría al margen de esa figura, con el compromiso de impulsar medidas alternativas de protección adaptadas a la realidad de la capital tinerfeña.