Javier Caraballero contrapone el modelo de Santa Cruz con el de Las Palmas tras el varapalo judicial a la fiesta capitalina, defendiendo el arraigo popular y la planificación como claves del éxito
El eco de la sentencia que expulsa al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de los barrios del Puerto y La Isleta ha cruzado la montaña y ha llegado hasta los despachos municipales de Santa Cruz. El concejal de Fiestas chicharrero, Javier Caraballero, ha querido terciar en el debate abierto, poniendo distancia entre el modelo de celebración de una y otra ciudad y lanzando una reflexión que, a su juicio, explica por qué en Tenerife no se vislumbra un conflicto similar.
Para Caraballero, la cuestión de fondo no es solo acústica o urbanística, sino de identidad. “Arrancar la fiesta del asfalto y encerrarla entre muros sería firmar su sentencia de muerte”, sentenció el edil, quien observa con atención lo ocurrido en la capital grancanaria, donde un grupo de residentes ha logrado que la justicia obligue al consistorio a reubicar los actos y a indemnizarles con 2.000 euros cada uno por las molestias de 2024.
El responsable de Fiestas en Santa Cruz se mostró convencido de que un escenario judicial parecido sería improbable en su municipio. “Nuestro Carnaval no es un evento que se superponga a la ciudad; es parte de su tejido”, argumentó, estableciendo un paralelismo con la historia. Caraballero recordó la resistencia popular durante la dictadura franquista, cuando los chicharreros burlaban la prohibición para mantener viva la tradición. “Esa perseverancia forjó un vínculo que perdura. En cambio, en Las Palmas la conexión no ha logrado la misma profundidad, y eso se nota en cómo la ciudadanía lo vive o, en este caso, lo tolera”, añadió.
Planificación frente a improvisación
El concejal popular puso el acento en lo que considera la gran diferencia: la gestión del territorio. Mientras que en Santa Cruz existen “espacios consolidados y asumidos” para el jolgorio, la otra capital canaria ha ido “dando tumbos” en busca de ubicaciones anuales, una incertidumbre que, según su análisis, ha terminado por crispar a los vecinos afectados.
Como ejemplo de buena praxis, Caraballero aludió al acuerdo alcanzado en 2007 con los residentes del Cuadrilátero. Un pacto que fijó límites sonoros y horarios estrictos que, según aseguró, se aplican “sin excepciones” y han actuado como un seguro de vida para la continuidad de la fiesta en el corazón de la ciudad. “Ese es el camino: dialogar, consensuar y, sobre todo, cumplir”, enfatizó.
El edil fue más allá en su análisis sobre la legitimidad social. En su opinión, cualquier intento de llevar al Carnaval chicharrero a los tribunales estaría condenado al fracaso por la respuesta popular. “Quien osara denunciarlo se encontraría con el rechazo de toda una sociedad. Aquí la fiesta no es un estorbo, es un patrimonio colectivo”, subrayó con rotundidad.
La otra orilla: recurso y comparaciones
Mientras en Santa Cruz se exhibe seguridad, al otro lado de la Isla la situación es de máxima alerta. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ya ha anunciado que el consistorio recurrirá el fallo. En su defensa, la regidora socialista ha empleado un argumento de alcance nacional, preguntándose retóricamente si sería concebible que las Fallas de Valencia o los Sanfermines de Pamplona fueran desterrados de sus entornos urbanos.
La sentencia, sin embargo, es contundente y emplaza al Ayuntamiento capitalino a dejar de improvisar. El texto judicial insta a la Corporación a diseñar “un plan concreto” que garantice la pervivencia de las carnestolendas sin menoscabar “los derechos de todos los vecinos”, un equilibrio que, a ojos de la ley, no se dio en 2024, permitiendo que una minoría sufriera las consecuencias de una fiesta pensada para la mayoría.
El contraste de posturas entre las dos capitales ha quedado así servido, dejando sobre la mesa una pregunta incómoda para los gestores públicos: ¿están las grandes celebraciones populares preparadas para convivir con la creciente judicialización del espacio público y el derecho al descanso?