Héctor Alemán defiende la inversión por su impacto económico mientras PP y Vox exigen control del gasto y auditorías
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado su edición de 2026 en medio de un intenso debate político sobre la gestión de los recursos públicos destinados a la fiesta. El vicepresidente de la Sociedad de Promoción de la Ciudad, Héctor Alemán, compareció para realizar balance de la celebración, centrando sus argumentos en el retorno económico que genera el evento para el tejido productivo de la capital grancanaria.
Alemán defendió la partida destinada al carnaval asegurando que “tiene un retorno de más de 40 millones de euros para apoyar a autónomos, restauración, hoteleros y el mundo artístico”. Estas declaraciones constituyeron la única referencia del concejal al aspecto económico de la fiesta durante su intervención, evitando pronunciarse sobre las cifras concretas que han salido a la luz en las últimas semanas.
Silencio sobre los 10 millones de 2025
El edil eludió cualquier mención a los más de 10 millones de euros que costó finalmente el Carnaval de 2025, una cantidad revelada tras la publicación de los contratos menores correspondientes a los tres primeros trimestres del año anterior por parte de la Sociedad de Promoción. Tampoco quiso avanzar un balance detallado sobre los más de 8 millones que ya se contabilizan para la edición de 2026, limitándose a señalar que ya habría ocasión para analizar esa inversión.
El responsable municipal prefirió centrar su discurso en los aspectos positivos de la celebración, destacando el “récord de participación, de audiencia, de gente en la calle y de calidad” alcanzado durante los días de fiesta. Desde su punto de vista, estos logros justifican sobradamente el desembolso realizado por las arcas municipales.
Críticas de la oposición por la desviación presupuestaria
La oposición municipal no compartió los argumentos del equipo de gobierno. El concejal del Partido Popular, Ignacio García Marina, desvió el foco del debate hacia la gestión de los recursos públicos, asegurando que la cuestión no radica en la cantidad invertida sino en la falta de control sobre el dinero de los ciudadanos.
“No se trata de más o menos inversión. Es que si presupuestan 5,5 millones y gastan 10 millones, o mienten o tienen un problema de incapacidad en la gestión”, sentenció García Marina, quien abogó por aplicar “los principios de eficacia y eficiencia a la hora de asignar los recursos ya que más gastos no es mejor gestión”.
El edil popular recriminó al equipo de gobierno que no fuera capaz de ajustarse a las partidas previstas inicialmente, generando un desfase cercano al 50% entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado.
Vox pide auditoría y apuesta por el talento local
Por su parte, el representante de Vox, Rafael de Juan, elevó el tono de las críticas al solicitar una auditoría completa del gasto carnavalero. El concejal cuestionó especialmente el caché destinado a determinados artistas, considerando un “despilfarro” los 1,4 millones de euros invertidos en las actuaciones de Marc Anthony y Ke Personajes.
De Juan defendió la necesidad de “limitar el caché de los artistas y apostar por talento local y nacional” en futuras ediciones, además de proponer un acortamiento del calendario festivo como medida para contener el gasto y fomentar una participación más sostenible.
La formación de derechas también sugirió redirigir parte de los recursos hacia otras áreas que, a su juicio, requieren mayor atención por parte del consistorio, sin que esta propuesta obtuviera respuesta por parte del equipo de gobierno durante la sesión.
Un debate que trasciende lo festivo
Las diferentes posturas reflejan un debate que va más allá de la mera organización de una fiesta popular, adentrándose en cuestiones de fondo sobre la gestión de los recursos públicos y la priorización del gasto municipal.
Mientras el equipo de gobierno defiende la inversión basándose en su impacto económico y en los datos de participación, la oposición pone el acento en el control presupuestario y en la necesidad de ajustar el gasto a las partidas inicialmente previstas.
La polémica surge además en un contexto donde los datos de contratación menor del carnaval han sido objeto de escrutinio público, alimentando las sospechas de la oposición sobre posibles irregularidades en la gestión de los recursos destinados a la fiesta.