La propuesta de otorgar la distinción de Bien de Interés Cultural en su dimensión inmaterial al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife resurge periódicamente en el debate público, al tocar una de las fibras más profundas de la identidad de la capital tinerfeña. La cuestión abre interrogantes sobre qué entendemos por patrimonio vivo y cuáles son las herramientas más adecuadas para preservarlo.
A simple vista, la iniciativa parece incontestable. Si existe una manifestación cultural en Canarias que acumule peso histórico, despliegue creativo y arraigo social, esa es sin duda el Carnaval chicharrero. Sin embargo, la propia naturaleza de la fiesta —un fenómeno en constante evolución, atravesado por conflictos, de carácter masivo y situado a caballo entre la cultura popular y la industria turística— hace que la figura del BIC pueda reportar tanto ventajas como inconvenientes.
El debate no es nuevo, pero cada vez que regresa lo hace con más fuerza, obligando a administraciones, agentes culturales y ciudadanía a posicionarse sobre el modelo de protección que merece una celebración que desborda cada año las calles de la capital.
Los argumentos de quienes defienden la declaración
Quienes abogan por conceder al Carnaval la máxima distinción patrimonial de Canarias esgrimen varias razones de peso. La primera de ellas tiene que ver con el blindaje institucional y la garantía de continuidad. Un BIC puede actuar como un paraguas administrativo que asegure la pervivencia de la fiesta más allá de los vaivenes políticos, las coyunturas económicas o los cambios de prioridades de quienes gobiernan. En un contexto donde el espacio público está cada vez más regulado y sometido a disputas, el reconocimiento patrimonial otorgaría herramientas para priorizar su protección y transmisión futura.
Otro argumento relevante es la salvaguarda de lo intangible. Un expediente bien diseñado no debería dictar cómo “tiene que ser” el Carnaval, sino identificar aquello que lo hace singular: los oficios asociados —diseño, costura, plástica—, los repertorios musicales, los rituales colectivos, la memoria oral de sus protagonistas, las formas de participación y la continuidad intergeneracional. Se trataría, en definitiva, de proteger un ecosistema cultural complejo, no una postal congelada en el tiempo.
Quienes defienden la medida también apuntan a la coherencia con la proyección exterior de la fiesta. Santa Cruz de Tenerife opera ya, de facto, como la capital simbólica del Carnaval canario. Su influencia estética, mediática y turística está más que consolidada. Un BIC podría contribuir a ordenar y documentar ese capital cultural, facilitar la investigación, el archivo y la difusión, y reforzar el argumento de protección frente a decisiones que tiendan a “desactivar” la esencia de la fiesta.
Las voces que alertan de los riesgos
Sin embargo, no todo son ventajas. Quienes observan con recelo la declaración advierten de que, mal planteada, puede convertirse en una camisa de fuerza para el Carnaval. El principal temor es el de la fosilización administrativa. Si el expediente se redacta como un catálogo cerrado de rasgos “obligatorios”, cada cambio en los formatos, los escenarios, los horarios, la evolución musical o las nuevas expresiones que vayan surgiendo podría convertirse en un problema. El Carnaval no es una pieza de museo para conservar en una vitrina; su fuerza reside precisamente en su capacidad de mutar sin perder su identidad.
Otro riesgo señalado es el de la judicialización del conflicto urbano. En Santa Cruz, el debate en torno al Carnaval no es exclusivamente cultural. También implica cuestiones de convivencia: ruido, movilidad, seguridad, limpieza, saturación de espacios, economía nocturna, salud pública. Si se declara BIC algo que ya es objeto de tensiones vecinales y administrativas, se corre el peligro de reencuadrar cualquier discrepancia como un “ataque al patrimonio”, endureciendo las posiciones y derivando en más pleitos y menos gestión inteligente de los conflictos.
También preocupa la posible banalización de la propia figura del BIC. Si la etiqueta se utiliza como un trofeo político o se aplica sin el debido rigor, acaba perdiendo valor social. Y si todo acaba siendo declarado BIC, al final nada lo es. El reconocimiento debe estar respaldado por un expediente sólido y por una necesidad real de tutela, no por el impulso de colgar medallas institucionales.
Lo que la declaración no resolverá por sí misma
Quienes han analizado en profundidad la cuestión coinciden en señalar que un BIC no arreglará por sí solo los problemas logísticos del Carnaval en la calle. No resolverá el debate sobre los límites horarios, ni el modelo de ocupación del espacio público, ni la distribución de costes entre las distintas administraciones y los sectores económicos beneficiados por la fiesta. Si se vende como una solución total, lo único que generará será frustración cuando se compruebe que los problemas de fondo persisten.
La clave: un plan de salvaguarda flexible
Llegados a este punto, la reflexión apunta a que el BIC puede ser una figura idónea, pero solo bajo una condición irrenunciable: que se construya como un plan de salvaguarda flexible y no como un reglamento encubierto.
Eso implica, en primer lugar, garantizar la participación real de todos los actores implicados: murgas, comparsas, agrupaciones musicales, diseñadores, colectivos del Carnaval de calle, vecinos afectados, técnicos de patrimonio, responsables de seguridad y movilidad. Solo desde la pluralidad se puede construir un modelo que integre las distintas sensibilidades.
También exige definir con claridad cuál es el “núcleo duro” patrimonial que se quiere proteger, pero permitiendo explícitamente la innovación y la adaptación a los nuevos tiempos. Se trataría, en definitiva, de cuidar el Carnaval sin domesticarlo, de proteger su esencia sin cerrar la puerta a que siga encontrando maneras nuevas de ser lo que siempre ha sido: una fiesta viva, cambiante y profundamente arraigada en el alma de Santa Cruz.