Una carta abierta a la alcaldesa denuncia los 1,4 millones de euros para Marc Anthony mientras los espacios culturales permanecen cerrados y los pagos a artistas locales se retrasan
El malestar del tejido cultural de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a escena. Colectivos y asociaciones del sector han dirigido una nueva carta abierta a la alcaldesa Carolina Darias para expresar su rechazo al elevado presupuesto destinado al Carnaval 2026, en particular a los 1,4 millones de euros abonados por la actuación de Marc Anthony, el concierto más caro de la historia de la fiesta . Los firmantes consideran que esta partida “evidencia una apuesta por el espectáculo de alto impacto mediático frente al fortalecimiento estructural del sector cultural local”.
Una denuncia que se repite
No es la primera vez que el sector alza la voz. En marzo de 2025, la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Canarias ya remitió un escrito al Consistorio advirtiendo de la “desproporción en la inversión cultural municipal” . Aquella misiva, según denuncian ahora las asociaciones, nunca obtuvo respuesta. Un año después, lejos de mejorar, la situación se ha “agravado”, con contratos millonarios que contrastan con la precariedad que atraviesan los creadores locales.
La nueva carta, que será enviada a Darias entre este miércoles y jueves, cuenta ya con la adhesión de la Asociación Islas Canarias de Artes Visuales (Aicav), la asociación Artemisia, la Asociación de Cineastas de Canarias Microclima y la Asociación de Mujeres de la Música en Canarias. En el momento de redactar esta información, una petición en Change.org había reunido 283 firmas de apoyo.
Espacios cerrados y pagos retrasados
Las críticas del sector no se limitan al gasto en grandes estrellas internacionales. La carta denuncia que, mientras se ejecutan “contratos millonarios”, la capital cuenta con espacios culturales cerrados o sin programación estable. El Museo Néstor, el Castillo de Mata, el Centro Pepe Dámaso, el Centro Cultural Jesús Arencibia o la Batería de San Juan son algunos de los inmuebles que, según los firmantes, permanecen infrautilizados o con graves carencias de personal y mantenimiento .
A ello se suma el retraso en los pagos a artistas locales, una situación que “asfixia su capacidad de creación” y que, denuncian, contrasta con la agilidad con la que se abonan los cachés millonarios. Las asociaciones también apuntan a prácticas “opacas e ineficaces, que apuntan a posibles situaciones de mala praxis administrativa”.
La sombra de Anticorrupción y la salida de Medina
El escrito recuerda que la Fiscalía Anticorrupción presentó cuatro querellas relacionadas con altos cargos de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, el organismo encargado de la gestión del Carnaval . En este contexto, los colectivos subrayan que “sin prejuzgar responsabilidades ni interferir en el ámbito judicial, este contexto obliga a extremar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en todos los procedimientos de contratación cultural”.
La reciente dimisión de la exconcejala de Carnaval, Inmaculada Medina, después de que se hiciera público que sería investigada en el caso Valka por presuntos delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude, también ha sido objeto de análisis. Para los firmantes, su marcha “no puede diluir responsabilidades políticas” y no exime a la Alcaldía de procurar la máxima transparencia.
El impacto económico en cuestión
El Ayuntamiento suele defender el presupuesto del Carnaval apelando a un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), presentado en 2021, que cifraba en unos 40 millones de euros el impacto económico de las carnestolendas . Sin embargo, el sector cultural pone en duda estas cifras y denuncia que “hasta la fecha no se ha presentado ningún estudio técnico independiente, memoria económica pública ni documentación verificable que respalde dicha cifra”.
Las exigencias del sector
Ante esta situación, las asociaciones han formulado un decálogo de peticiones que incluye: una revisión inmediata del modelo de contratación artística del Carnaval y los grandes eventos; transparencia plena y publicación detallada de los expedientes y criterios de adjudicación gestionados por la Sociedad de Promoción; el cumplimiento efectivo y garantizado de los plazos de pago; la reapertura y activación de los espacios culturales cerrados o infrautilizados; y la apertura urgente de un proceso de diálogo con el sector cultural.
Los firmantes advierten de que mantener el silencio ante las quejas profundizará la “pérdida de confianza” y erosionará la legitimidad de la política cultural municipal, en un momento además en que la ciudad aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031